Sirvan las líneas que siguen como saludo de presentación y cierto punto de partida o establecimiento de aquellas bases que entendemos deben presidir en todo momento el escenario que nos contempla y que pueda dirigir nuestras futuras consideraciones como penalistas que somos o que decimos ser. Todo ello al menos en pura teoría y sin perjuicio de que puntualmente podamos incurrir en alguna inconsciente contradicción por nuestra irremediable condición de seres humanos falibles que, al mismo tiempo, sirva al piadoso lector para dictar y dedicarnos un pronunciamiento favorable llegado el caso.

Como recientemente exponíamos ante la Audiencia Nacional en el trámite de Informe, como abogados defensores no basábamos nuestra petición de absolución porque fuera lo que se esperaba de nosotros, ni tampoco porque idéntica conclusión entendíamos alcanzar conforme a la verdad de lo acontecido, sino porque, muy especialmente, no podía ser sino aquélla la solución a la que nos conducía la aplicación de los principios rectores en los que se basa nuestro ordenamiento jurídico.

En similar sentido, más allá de tener o no razón o de conseguir exponerla mejor o peor para lograr su reconocimiento, casi nos sonroja reconocer que acorde a los tiempos que corren, nuestra satisfacción apenas si podría conformarse y sonreír con que los razonamientos del correspondiente Instructor o Tribunal juzgador ofrezcan el máximo respeto por aquéllos.

No obstante tenerlo ya dicho en numerosas ocasiones, sea la que nos ocupa nueva oportunidad para reiterar la significación del papel de la Revolución Francesa y de su Proclamación revolucionaria de los Derechos del Hombre y del ciudadano, el principio de legalidad, el movimiento codificador… acabando así y de esa manera con la aplicación arbitraria de un derecho penal absolutista pretendiendo que el “poder” se someta a Códigos y Principios.

No podemos nunca olvidar que el derecho penal y sus principios rectores no nacieron para protegernos entre nosotros sino para salvaguardarnos del propio Estado, de un Estado absolutista y arbitrario que indiscriminadamente castigaba o no según se le antojaba.

 

Javier Sáenz de Pipaón y Del Rosal

Socio Responsable Departamento Penal